Derechos de los consumidores: Proyecto Modificación de Ley

Esto se materializa en la facultad discrecional de ejercer acciones de fiscalización preventiva respecto el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor. (Facultades con las que el Sernac no cuenta hoy en día.) De estas acciones de fiscalización podrían generarse procedimientos de carácter sancionatorio a cargo del mismo Sernac.

Con ocasión de la modificación legal, el Sernac estará facultado para dictar normas e instrucciones de carácter general en aquellas materias relacionadas a sus atribuciones, esto con la finalidad de lograr una adecuada protección de los derechos de los consumidores. La normativa que emane del Sernac será obligatoria y deberá ser sistematizada de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de la misma al público en general. Esta atribución será ejercida de forma exclusiva por el Director Nacional del Servicio, quien para ejercer esta facultad deberá solicitar el pronunciamiento de un Consejo Técnico que estará integrado por tres miembros, expertos en materia de protección de los derechos de los consumidores, los cuales serán designados por el Presidente de la República a través del procedimiento de selección de Altos Directivos Públicos previsto en el Título VI de la ley N°19.882.

El Sernac podrá interpretar administrativamente la normativa de protección de los derechos de los consumidores que le corresponde vigilar. Dichas interpretaciones sólo serán obligatorias para los funcionarios del Servicio.

Actualmente el Sernac cumple un rol meramente de mediador entre consumidor y el proveedor. Frente a un reclamo interpuesto ante el Sernac, el recurrido hoy en día puede: i) acoger el reclamo; ii) rechazarlo; o iii) simplemente no responder. Si el recurrido rechaza o no responde, el consumidor tiene derecho a denunciar y/o demandar ante el Juzgado de Policía Local competente.

Con la reforma de ley, los consumidores, cuando se trate de acciones de interés individual y no colectivo, podrán interponer sus denuncias alternativamente ante el Juzgado de Policía Local correspondiente o ante el Sernac, en ambos casos sin necesidad de patrocinio de abogado habilitado. En este último caso el Sernac, instruirá una investigación, y si estima que ha existido infracción a la Ley del Consumidor, será el mismo Sernac quien sancione a la empresa con las multas del caso. En caso que el proveedor no esté conforme con la resolución, podrá impugnar la multa a través de los recursos que establece la misma ley, sometiendo la decisión en última instancia a los tribunales ordinarios de justicia.

Dado lo anterior, en caso que una empresa o denunciado, no diese respuesta a un reclamo o denuncia ante el Sernac, quedará expuesta a las sanciones del caso por parte de este último.

Aumento en el monto de multas.

La nueva Ley contempla que los techos de las multas suban, pero al mismo tiempo desaparecen los pisos. La multa tope se establece en la suma de 2.250 UTM por infracción, siendo hoy el tope de 300 UTM.

Aumento de plazos respecto prescripción de acciones.

Hoy la Ley del Consumidor establece que los consumidores tienen un plazo de seis meses para recurrir al Juzgado de Policía Local que corresponda, en el caso de haber sufrido una vulneración de sus Derechos. La reforma plantea que el plazo de prescripción se amplié a dos años. Además, el Proyecto modifica el punto desde el cual se comienza a contar el plazo, estableciendo se hará desde que la infracción “haya cesado” y no desde el momento en que esta se haya cometido.

En cuanto a los juicios colectivos, siendo estos, aquellos originados en una infracción que afecte a un grupo de consumidores, actualmente existe restricción legal en cuanto a solicitar indemnizaciones por daños moral. El Proyecto por su parte permite una reparación integra de los daños causados en este sentido, estableciendo que estos se pueden determinar en base a propuesta realizada por el proveedor, o por un monto mínimo determinado por el juez respectivo en base a peritajes u otros mecanismos. Con todo, aquellos consumidores que consideren que su afectación supera el antes indicado monto mínimo, podrán siempre perseguir la diferencia en un juicio posterior que tendrá como único objeto dicha determinación, sin que pueda discutirse en él la procedencia de la indemnización.

Con el propósito de garantizar una mayor independencia e imparcialidad en el proceso de elección, se establece una regulación mucho mayor en el proceso de designación del Director Nacional. A grandes rasgos las principales características en esta materia son:

▪ Designación por parte del Presidente de la República a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública con el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros.
▪ Duración de cuatro años en su cargo, pudiendo renovarse su nombramiento por una sola vez.
▪ Se establecen incompatibilidades con cargos públicos y participación en empresas que tengan la calidad de proveedoras conforme los términos que fija el mismo Proyecto.
▪ Prohibición de desempeñar determinadas labores y cargos por un periodo de tiempo desde que el Director cese en sus funciones.

Se reconoce a las asociaciones de consumidores como sujeto activo en los procedimientos relacionados a la ley del consumidor, ya sea como parte o representante del consumidor. Por otra parte, se les da la posibilidad de acceder a recursos mediante Fondos concursables contemplados en el proyecto de Ley, esto con miras a  fortalecer los grupos intermedios.