Defensa Propia o Legítima Defensa

LEGÍTIMA DEFENSA. 

Como señalamos con anterioridad, hay casos en que una conducta descrita en la ley como delito, no se puede sancionar, pues la misma ley la tolera bajo ciertas circunstancias, tratándose entonces, de un delito justificado por el ordenamiento jurídico. Ello ocurre con la legítima defensa, regulada en el artículo 10 Números 4, 5, y 6 del Código Penal, distinguiéndose los siguientes escenarios:

Defensa propia: El artículo 10 N°4 del Código Penal, dispone que no serán responsables penalmente quienes actúen en defensa de su persona o sus derechos, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

• Debe tratarse de una agresión ilegítima, actual o inminente: Por ejemplo, que un sujeto ingrese a la propiedad de otro y lo amenace con un arma constituye una agresión ilégitima y actual a su propiedad, y una agresión inminente a su vida e integridad física.

• Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla: La defensa debe ser proporcional a la agresión. Así, por ejemplo, una persona pequeña y delgada, que es atacada a golpes por un hombre fornido que le dobla en estatura, podría emplear un arma de fuego para defenderse y la defensa continuaría siendo “racionalmente necesaria”. Por el contrario, en el mismo ejemplo, si el atacante fuere de igual contextura y estatura que el defensor, la racionalidad del medio empleado para defenderse desaparece.

• Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende: Quien realiza el acto defensivo no debe haber realizado actos que hayan inducido al ataque,

• Defensa de parientes[1]: Es aquella que se produce cuando se actúa en defensa de la persona o derechos del cónyuge, conviviente civil, parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado, parientes afines en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado y de sus padres e hijos, siempre que concurran las siguientes circunstancias: (i) Agresión ilegítima; (ii) necesidad proporcional del medio empleado para la defensa; y, (iii) que, en caso de haber existido provocación por parte del atacado, el defensor no hubiere participado en ella.

• Defensa de terceros extraños[2]: Es la que ocurre cuando se actúa en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que se cumplan los requisitos aplicables a la defensa de los parientes señaladas con anterioridad y, además, que el defensor no haya actuado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo.

• Legítima defensa privilegiada: El Código Penal establece, además, dos casos en los que se presume legalmente que se cumplen los requisitos para la legítima defensa propia y de parientes:

• El rechazo al escalamiento (cuando se trata de una persona que trata de evitar que un delicuente entre a un sitio por un lugar no destinado para ello), en una casa, departamento u oficina habitados, o en sus dependencias.

• El rechazo al escalamiento de un local comercial o industrial, habitado o no, siempre que sea de noche; y, en caso que se trate de una persona que pretende impedir o tratar de impedir la consumación de los delitos de privación de libertad, sustracción de menores, violación, parricidio, homicidio calificado o simple, robo con intimidación, robo con violencia o robo por sorpresa.
  
  ESTADO DE NECESIDAD EXCULPANTE.

La Ley 20.480 de 18 de diciembre de 2010, introdujo a nuestro sistema penal el denominado “estado de necesidad exculpante”, que pasó a ocupar el numeral 11 del artículo 10 del Código Penal.

El estado de necesidad exculpante es una causal de exculpación de una conducta típica (descrita en la ley como delito) y antijurídica (contraria a derecho). Por lo tanto, para aplicarlo, debe analizarse la esfera individual del delito, es decir, el ámbito interno del sujeto que lo comete y sus circunstancias particulares, siendo necesario considerar su edad, su estado psicológico, las condiciones que rodean la comisión del delito, entre otros factores, a efectos de determinar si la conducta es o no reprochable a su autor.

El estado de necesidad exculpante permite condonar conductas que la legítima defensa no podría. Así, es útil para exculpar a la mujer que habiendo sido víctima de maltratos físicos y psicológicos habituales por su cónyuge o conviviente, lo mata, pese a que la conducta no es proporcional a la agresión que ha sufrido.

Los requisitos para su procedencia son los siguientes:

• Actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar: La afectación de un bien jurídico (por ejemplo, la vida, la indemnidad sexual, la integridad física o psíquica, etc) se debe estar produciendo o estar por producirse, de manera próxima en el tiempo. Hacemos presente que éste requisito es mucho más flexible que el de la legítima defensa, pues la inminencia del mal se ha interpretado en un sentido amplio, como ocurre en el caso de una mujer que es víctima de maltratos habituales, en que se ha considerado que se encuentra de manera diaria y constante en riesgo inminente de ser víctima de nuevos maltratos.

• Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo: Se requiere que no haya otra forma que permita evitar el mal, en la situación concreta en que se encuentra el afectado. Este requisito se distingue de la legítima defensa, puesto que permite evaluar la situación concreta del sujeto, incluyéndose el examen de las circunstancias particulares que roderaron el hecho (edad, situación psicológica o patológica, situación emocional, etc).

• Que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se trata de evitar: El mal causado debe ser inferior, igual o superior al que se trata de evitar, pero en ningún caso, debe ser sustancialmente Esta distinción es relevante porque el estado de necesidad exculpante no requiere que el mal causado sea proporcional al mal que se trata de evitar, puesto que puede ser incluso, mayor.

• Que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido al que lo aparta de sí, o en su caso, a aquel de quien se lo aparta: Se requiere que al agente o al tercero al que se defiende, no se le pueda exigir, razonablemente, que “soporte” el mal causado. Lo anterior, implica que no se le puede exigir una conducta distinta, atendidas sus circunstancias particulares.

De las consideraciones anteriores, se sigue que el estado de necesidad exculpante genera interrogantes cuyas respuestas deberán dilucidarse en un juicio, tales como ¿Puede exigirse a una mujer soportar maltratos habituales durante toda su vida?; ¿Puede exigirse a una madre tolerar que su pareja abuse sexualmente de ella o de su hijo en forma constante?; o, ¿Puede exigirse a una víctima constante de robos violentos soportar repetidos ataques contra su persona y propiedad?

[1] Artículo 10 N°5 Código Penal.

[2] Artículo 10 N°6 Código Penal.